Siete personas fueron detenidas por pertenecer a una red que facilitaba la inmigración ilegal por internet y que podría haber afectado a unas tres mil personas, informó la Policía Nacional de España.
La estafa consistía captar clientes y ofrecerles la regularización de su situación en España o contratos de trabajo ficticios. Agentes de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsificación de documentos (UCRIF) de Barcelona comenzaron la investigación a fines de marzo, en colaboración con la unidad de Valencia, después de que un ciudadano colombiano denunció en una comisaría la existencia de una página web en la que se ofrecía la regularización en España.
La banda habría obtenido más de un millón de euros en beneficios al exigir a los afectados que aportasen la documentación y depositasen 200 euros en una cuenta bancaria en un plazo máximo de cuatro días. Después se les comunicaba que, en caso darse la aprobación a la oferta de empleo, tendrían que abonar una cantidad de entre 1.600 y 2.000 euros.
Ante la demora de los trámites, las víctimas solicitaban información a la empresa sobre las gestiones que habían realizado y ésta les contestaba con negativas e informaciones falsas.
Esta organización se publicitaba a través de una página web, en emisoras de radio en España y en revistas editadas en España, pero distribuidas mayoritariamente entre ciudadanos de diferentes países iberoamericanos.
El material informático intervenido en la operación fueron siete computadores, tres computadores portátiles, tres memorias extraíbles y un disco duro.
La estafa consistía captar clientes y ofrecerles la regularización de su situación en España o contratos de trabajo ficticios. Agentes de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsificación de documentos (UCRIF) de Barcelona comenzaron la investigación a fines de marzo, en colaboración con la unidad de Valencia, después de que un ciudadano colombiano denunció en una comisaría la existencia de una página web en la que se ofrecía la regularización en España.
La banda habría obtenido más de un millón de euros en beneficios al exigir a los afectados que aportasen la documentación y depositasen 200 euros en una cuenta bancaria en un plazo máximo de cuatro días. Después se les comunicaba que, en caso darse la aprobación a la oferta de empleo, tendrían que abonar una cantidad de entre 1.600 y 2.000 euros.
Ante la demora de los trámites, las víctimas solicitaban información a la empresa sobre las gestiones que habían realizado y ésta les contestaba con negativas e informaciones falsas.
Esta organización se publicitaba a través de una página web, en emisoras de radio en España y en revistas editadas en España, pero distribuidas mayoritariamente entre ciudadanos de diferentes países iberoamericanos.
El material informático intervenido en la operación fueron siete computadores, tres computadores portátiles, tres memorias extraíbles y un disco duro.
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